Durante la nueva visita realizada a las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador por parte de la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, junto con otras instituciones del Ejecutivo, se pudo constatar el agravamiento de la situación que enfrentan las y los abacaleros organizados. Los funcionarios de las instituciones escucharon y receptaron las principales exigencias que hacen al Estado ecuatoriano, especialmente que se garantice justicia y reparación integral de sus derechos.
La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional del Ecuador, visitó el pasado viernes 30 de julio de 2021 los campamentos de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, ubicados en los kilómetros 42 y 37 de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte de sus acciones de fiscalización ante el pedido realizado por el “Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más”.
A la Comisión se unió la Defensora del Pueblo de Ecuador (s), Zaida Rovira, quien presentó recientemente una segunda acción de protección en contra del Estado y la empresa en representación de un grupo de 216 trabajadoras y trabajadores, quienes también han sido sometidos a servidumbre de la gleba. Además, nuevamente asistieron el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Fiscalía General del Estado, esta última a cargo de una investigación penal en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador.
En la nueva visita hecha al campamento del kilómetro 42, las y los asambleístas fueron recibidos por más de 300 personas, de las cuales 123 son demandantes que obtuvieron sentencia favorable en la primer acción de protección y un segundo grupo conformado por 216 demandantes, que son representados por la Defensoría del Pueblo en la segunda acción de protección. Ahí, las y los asambleístas constaron los hechos que verificó la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad (período legislativo anterior) en su informe final del 08 de enero de 2020, es decir racismo, condiciones precarias de los campamentos, ausencia de servicios básicos, huellas en los cuerpos debido a los años de explotación, empobrecimiento provocado por el pago de salarios bajísimos, etc., hechos narrados en cada uno de los testimonios que los y las funcionarias pudieron escuchar.
En el campamento del kilómetro 37, donde actualmente se desfibra y acopia el abacá y también funcionan otras actividades administrativas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, la empresa insistió en su narrativa de supuesto cumplimiento de obligaciones, su negativa a reconocer los hechos y volvió a acusar a sus trabajadores de supuestos invasores y delincuentes. Sin embargo, se pudo constatar que incluso en ese lugar se sigue desfibrando el abacá con las mismas máquinas de hace medio siglo, tal y como ha ocurrido en el resto de los campamentos de propiedad de esta empresa y donde varias familias aún viven en aquellos cuartos construidos, con niñas y niños incluidos, tal como el asambleísta Fernando Cabascango lo pudo verificar.
Al final de la visita, la mayoría de los miembros de la Comisión expresaron su preocupación frente a la evidencia que daba cuenta de la práctica histórica de la empresa para someter a servidumbre de la gleba a sus trabajadores que cosechan abacá, manifestando al mismo tiempo la necesidad urgente de justicia y reparación. La Asambleísta Paola Cabezas Castillo declaró:
“Esta no es una visita protocolaria, porque era necesario para nosotros estar in situ y conocer las condiciones que está viviendo nuestra gente. De acuerdo a la información que tenemos nosotros, son más de 1.200 personas que están viviendo en estas condiciones, y ésta debe ser una acción ejemplarizadora porque entendamos que, si Furukawa ha venido trabajando 50 años en este país, a vista y paciencia de las instituciones, pisoteando los derechos de los trabajadores, es increíble que en pleno siglo XXI hablemos de esclavitud. ¡Niños trabajando! Niños trabajado en estas haciedas y ha sido normalizado. La Comisión se ha tomado en serio este trabajo. Aquí hay esclavitud, hay violación de derechos humanos. Esto no es un tema laboral”.
A su vez, la vicepresidenta de la Comisión, Victoria Desintonio, destacó que:
“No se trata de conocer sino de sentir. Yo venía caminando con quienes nos decían que hasta el último campamento nos demoramos una hora. Venían María y Rolando hablando conmigo y decían cosas que identifican la esclavitud moderna que han vivido todos ustedes. La Comisión tiene casi tres meses instalada, pero tiene la disposición de entender lo que ha pasado durante 6 décadas y las omisiones del Estado para poder reparar sus derechos.
El Asambleísta Jhonny Tapia, después de recorrer los campamentos, comentó:
“Estoy indignado porque nunca pensé que existía esta vulneración de derechos en esta época. Más que vulneración, irresponsabilidad de parte de todos los entes del Estado porque no podríamos imaginar que pasen 56 años para poder hoy, recién el año anterior, ir sacando a la luz y al mundo entero toda esta realidad que ha vivido la gente acá.”
El presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, finalizó señalando: “No estamos aquí para analizar a un gobierno o a otro, sino para verificar que la sentencia constitucional se cumpla puesto que es un caso de esclavitud moderna que está sentenciado y que ha dispuesto a varias instancias del Estado cumplir según sus competencias varias acciones de resarcimiento de derechos que han sido vulnerados.”
En resumen, la Comisión expresó su disposición a contribuir con la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud y el trabajo infantil. Condenaron la vulneración de derechos humanos en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, reconociendo la gravedad de la responsabilidad estatal por acción y omisión. En concordancia con dichas declaraciones, el 04 de agosto de 2021 la Comisión creó por unanimidad una subcomisión exclusiva para continuar con las acciones de fiscalización.
Sin embargo, denunciamos públicamente la actuación del asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, Gruber Zambrano, quien previamente en una reunión de la Comisión solicitó “no satanizar a la empresa”, y previo al inicio de la visita invitó a desayunar a asambleístas y empresarios, afectando a la agenda prevista. Además, durante sus intervenciones intentó deslegitimar al “Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más” que trabaja en conjunto con los dos grupos organizados que han demandado al Estado, e insistió en restringir la mirada a un conflicto laboral. Gruber Zambrano se ha identificado públicamente como ganadero y palmicultor.
Desde el “Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más” solicitamos a la Asamblea Nacional que tome todas las medidas necesarias para fiscalizar y sancionar, si fuera el caso, las acciones de los ministerios que no cumplan con sus obligaciones dispuestas por la sentencia constitucional que falló a favor de 123 trabajadoras y trabajadores afectados por la empresa Furukawa. La Asamblea Nacional debería exigir que todas las medidas de reparación sean formuladas en una agenda de trabajo que debe ser aprobada en primer lugar por el Juez a cargo de la ejecución, contando con la participación activa de las víctimas beneficiarias de tal reparación.
Así mismo, consideramos urgente que la Asamblea Nacional tome medidas para que el resto de las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador –la ex Secretaría Nacional de Gestión de la Política llegó a censar a 1.244 personas viviendo y trabajando en las 23 haciendas de Furukawa– puedan iniciar un proceso propio de reparación de derechos humanos de manera integral.
Finalmente, le recordamos a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional del Ecuador que, en cumplimiento de sus facultades legislativas, debe iniciar un proceso de reforma normativa para garantizar la sindicalización por rama y el fortalecimiento de una inspectoría del trabajo agrícola con capacidades efectivas para el control, determinación de responsabilidades y sanción a empleadores que han normalizado el sometimiento a formas contemporáneas de esclavitud.
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