En el marco del juicio penal por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral a las víctimas abacaleras, trascendió a la opinión pública que la abogada Mirian Cecilia Yánez, ex-presidenta del Tribunal de Garantías Penales que juzga por este delito a la compañía Furukawa Plantaciones C.A. de Ecuador y varios de sus directivos históricos, paralelamente durante casi dos años (desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024) y de forma oculta, venía compartiendo el mismo abogado defensor con uno de los procesados que se encontraba juzgando en el caso de trata de personas, específicamente con el señor Paúl Israel B. Este hecho, puso en riesgo la objetividad requerida para garantizar un juicio justo.
Como contexto inicial, la Ley obliga a juezas y jueces a excusarse del conocimiento de la causa cuando existe conflicto de intereses con alguna de las partes procesales o con sus abogados, como en el presente caso, donde la señora jueza Mirian Yánez generó un vínculo por intereses económicos con su abogado defensor, situación que no fue comunicada sino que fue descubierta por las víctimas abacaleras, quienes demandaron la recusación de la jueza Yánez para que sea separada como juzgadora y, a la que posteriormente se unió la Fiscalía, por intermedio de la doctora María Susana Rodríguez. Este hecho, ponía en riesgo la objetividad requerida para garantizar un juicio justo.
La audiencia de recusación transcurrió durante los días 17, 20 y 23 de diciembre de 2024, donde cabe destacar los siguientes hechos:
La jueza Mirian Yánez no presentó ninguna prueba para descargar las acusaciones de falta de imparcialidad, pero cuando contestó la demanda y en su testimonio, admitió que el abogado del procesado Paúl Israel B fue su abogado desde 2023, incluso que ahora mismo le ha confiado su defensa en una investigación penal que le acaban de iniciar en la ciudad de Guayaquil, así mismo, que pagó sus honorarios profesionales, en efectivo y sin factura. A manera de justificación, indicó que no considera estos hechos como causal de excusa, que todos saben que su abogado se casó y bautizó a los hijos, que no la invitó pero sí a varios otros jueces, que eso pudo constatar por la red social Facebook, donde “no se acuerda” si es amiga de su defensor.
El Tribunal por su parte, a cargo de la jueza ponente, abogada Sandra Bósquez, ordenó prueba para mejor resolver días antes que la audiencia se instale, solicitando copias certificadas de sentencias absolutorias de recusación en contra de la jueza Yánez por causales distintas a la demandada, pedido que lo realizó sin motivación ni justificación de las razones de usar esta figura jurídica que es excepcional, ni sobre la conducencia, pertinencia o utilidad de las mismas, adicional dio a las partes 5 minutos para revisar dicha prueba que constaba en más de 40 fojas. Frente a la protesta de la falta de justificación para este pedido, la jueza Bósquez amenazó con sanciones a los abogados de las víctimas abacaleras. Adicional a ello, la jueza Bósquez dejó en indefensión a la Fiscalía declarando improcedente su anuncio de prueba.
Luego del ejercicio probatorio y alegatos de los accionantes (abacaleros y Fiscalía), en reinstalación de audiencia el 23 de diciembre (telemática), el Tribunal Penal de Garantías Penales, integrado por los jueces Sandra Bósquez y Agustín García, aceptó la demanda de recusación en contra de la jueza Yánez Vallejo, separándola del conocimiento de la causa de trata de personas. No obstante lo anterior, al concluir la audiencia telemática de 23 de diciembre de 2024, cuando aún la conexión de la plataforma Zoom se mantenía activa, la jueza Sandra Bósquez cuestionó la resolución dictada momentos antes. Los reclamos y gritos de la mencionada jueza fueron escuchados por las personas que permanecían presentes en la sala virtual. Este comportamiento es impropio y genera más dudas todavía sobre la conducción del caso.
Aunque consideramos esta decisión como un avance importante, persisten serias preocupaciones respecto a las declaraciones bajo juramento de la jueza Mirian Yánez en su testimonio, específicamente sobre quiénes y cuántos son esos jueces de Santo Domingo que comparten actividades sociales y familiares con abogados de procesados y a la vez juzgan a sus clientes, son cuestiones que por la transparencia que la Función Judicial debe a la ciudadanía, deben ser inmediatamente aclaradas. Una vez más se han vulnerados los derechos de las y los abacaleros.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la recusación aceptada por parte del Tribunal de Garantías Penales, el siguiente paso es la designación de un nuevo juez que sustituya a la jueza Yánez Vallejo y que se integre al Tribunal Penal y así continuar con el proceso. Por supuesto, la designación debe ser transparente, libre de influencias, para que las víctimas accedan a una justicia imparcial y efectiva.
Como Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, continuaremos vigilantes, documentando cada etapa del proceso y denunciando cualquier irregularidad. La historia de las familias afectadas por Furukawa es un llamado urgente a construir un sistema judicial independiente, capaz de actuar con firmeza frente a los abusos de poder y las injusticias.
¡JUSTICIA QUE TARDA, NO ES JUSTICIA!
¡JUSTICIA SIN RESPONSABLES Y SIN SANCIONES, ES IMPUNIDAD!
Comunicación Comité Solidaridad Furukawa Nunca Más +593 99 9311384
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