Abacaleras y abacaleros enfrentan un nuevo obstáculo en el juicio penal que siguen como Acusadores Particulares en contra de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y varios de sus directivos, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La audiencia de juicio ante el Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas inició el 02 de agosto de 2024, y continuó el 23 y 24 de agosto, bajo la dirección de la jueza ponente Mirian Yánez Vallejo en la que se escuchó los primeros testimonios solicitados por Fiscalía General del Estado. Está previsto que la audiencia continúe los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024.
Sin embargo, hace pocos días hemos conocido que en el año 2023 la referida jueza presentó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura, patrocinada por el abogado de uno de los procesados en esta causa, el señor Paúl B.
La acción de protección de la jueza Yánez se sustanció entre enero de 2023 (cuando se presentó demanda) y febrero de 2024 (cuando se dictó sentencia de apelación), de manera que cuando en noviembre de 2023 la referida jueza se declaró competente para juzgar a Paúl B. como coautor del delito de trata de personas cometido en contra de los Abacaleros, al mismo tiempo, estaba siendo defendida y patrocinada en su acción de protección por el mismo abogado de Paúl B.
La relación abogado – cliente se basa en la confianza, incluso es una relación que está protegida por el derecho que garantiza su confidencialidad y que al consistir en la prestación de un servicio, implica o bien una retribución económica (el pago del honorario) o bien un servicio ad-honorem que haría deducir la existencia de un vínculo personal.
En cualquier caso, existe un evidente conflicto de intereses entre la jueza Yánez Vallejo y su abogado, situación que debió ser oportunamente informada y que le obligaba a excusarse, por lo que, ante esta omisión, los abacaleros presentaron una RECUSACIÓN en su contra como garantía de su derecho al debido proceso y contar con un juez imparcial.
Recordemos que no es la primera vez que durante la tramitación de este juicio penal se dieron situaciones que nos han hecho sospechar de la falta de imparcialidad de los jueces. En octubre de 2024 denunciamos públicamente que TODOS LOS JUECES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SE EXCUSARON DE CONOCER NUESTRO RECURSO DE APELACIÓN al sobreseimiento dictado en favor de dos de sus ex gerentes, lo que ocasionó que tuviera que intervenir una Sala de la Corte Provincial de Justicia de la provincia Los Ríos, quienes al verificar que habían transcurrido CIENTO CUARENTA Y CUATRO DÍAS desde que interpusimos la apelación, aplicaron el artículo 655 del Código Orgánico Integral Penal, por el cual, si el recurso de apelación del auto de sobreseimiento no se resuelve en 60 días, este queda confirmado por el Ministerio de la Ley.
Y quien se beneficia de la lentitud negligente de la justicia ecuatoriana es Furukawa, empresa que no perdió tiempo y en estos meses emprendió nuevas acciones que continúan vulnerando derechos.
El 31 de julio de este año, denunciamos que la empresa Furukawa plantaciones anunció a sus trabajadores el cierre de sus operaciones y que inició un proceso de despidos masivos en los que urgió a sus trabajadores para que acepten liquidaciones injustas que, en la mayoría de los casos, no reconocían la totalidad del tiempo trabajado. Además, la empresa habría entregado en arrendamiento algunas de sus haciendas y tumbado las plantaciones de abacá, acción que llama la atención, al ser uno de sus activos más valiosos. También alertamos sobre la existencia de otra empresa llamada Marca Abacá, cuyo representante legal y accionista sería también Apoderado de FPC Marketing, empresa extranjera que a su vez es accionista mayoritaria de Furukawa Plantaciones, esto, según información pública que consta en el sitio web de la Superintendencia de Compañías, información documentada por Evidencity Truth Explorer, en una investigación publicada en marzo de 2024 titulada “Forced Labor in Ecuador. Mapping the Global Abaca Supply Chain from the Dirt to the Consumer”, disponible en: https://irp.cdn-website.com/c1cd1e66/files/uploaded/Forced%20Labor%20in%20Ecuador.pdf
Lo anteriormente descrito transcurre mientras la Corte Constitucional del Ecuador lleva más de SEIS MESES sin dictar sentencia en el caso de Revisión que tuvo su audiencia el 09 de abril de este año.
Exigimos justicia para las cientos de familias abacaleras que no solo fueron afectadas por el accionar de los funcionarios de la compañía abacalera que los expuso a condiciones de esclavitud moderna y servidumbre de la gleba por más de 60 años, y, después de la sistematica vulneración de derechos, el sistema judicial los expone a nuevas prácticas que, en última instancia no les permite acceder a justicia.
¡JUSTICIA QUE TARDA, NO ES JUSTICIA!
¡JUSTICIA SIN RESPONSABLES Y SIN SANCIONES, ES IMPUNIDAD!
Comunicación Comité Solidaridad Furukawa Nunca Más +593 99 9311384
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