El lunes 27 de febrero, la Jueza de Garantías Penales, Susana Sotomayor, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, llamó a juicio penal a la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, y a tres de sus directivos, Marcelo Almeida (ex gerente y presidente de la compañía), Paúl Bolaños (jefe de recursos humanos) y Hugo Chalén (miembro del directorio), quienes enfrentarán a la justicia por el posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil. El llamamiento a juicio de la compañía y sus funcionarios constituye un hecho histórico en la lucha por los derechos de las y los abacaleros. Furukawa y sus empleados podrían ser sentenciados penalmente debido a la política empresarial de sometimiento sistemático a cientos de personas de todas las edades —muchas de ellas de origen afrodescendiente— a condiciones miserables de vida y explotación laboral, calificada como una de las formas de esclavitud moderna.
Es importante mencionar que, el caso tomó relevancia a partir del envío de un informe de verificación de derechos humanos a la Fiscalía General del Estado hace 4 años, que fue suscrito por la Doctora Gina Benavides, Defensora del Pueblo —única Institución que a la fecha ha seguido vigilando y presionado al Estado— . Por otra parte, desde que inició la lucha por buscar justicia y reparación, varios Ministros de los dos últimos gobiernos han conocido de primera mano la situación de los trabajadores de la cosecha de abacá en las plantaciones de la empresa, y a pesar de esto han hecho poco o nada por poner fin a esta situación, a tal punto que la empresa continúa abierta y exportando. Ayer, la Jueza Sotomayor se preguntó que "¿dónde ha estado el Estado?" todo este tiempo frente a esta grave situación. Resulta irónico que la semana pasada la empresa Furukawa cumplió 60 años de funcionamiento en el país, 6 décadas de violaciones a derechos humanos.
¡Es tiempo de justicia y reparación! Las y los abacaleros organizados desde el 2018 han esperado por décadas a que la empresa asuma su responsabilidad por todos los daños causados y, pese a las difíciles condiciones económicas y sociales, mantienen su fortaleza para continuar con los procesos judiciales contra la empresa y el Estado. Tanto la Corte Constitucional como el Tribunal Penal tienen la obligación de proteger sus derechos humanos, de hacer justicia, y optar por la vida digna de las familias abacaleras y en contra de las empresas que violan los derechos de los trabajadores, sin duda un precedente para otros casos que enfrentan similares condiciones.
Información adicional, comunicarse al correo electrónico furukawanuncamas@gmail.com Teléfono: 0999311384
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