Trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador que sobreviven en los campamentos de la Hacienda Vilma y Vilma C, ubicados en el Kilómetro No. 33 de la vía Quevedo – Santo Domingo, alertaron que ayer, lunes 09 de marzo, fueron amenazados de un posible desalojo por tres representantes de la empresa [Raúl Arturo Mora Aguirre, Gerente de Operaciones; Javier Alexander Piedra Vaca, Administrador y; Víctor Alejandro Rodríguez, Jefe de Seguridad] acompañados por algunos miembros de la Policía Nacional, pese a que están vigentes medidas de protección dictadas por el Juez de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas en el marco de una investigación penal por el posible delito de trata de personas y otras formas de servidumbre así como de la Acción de Protección para reparar los derechos humanos de las víctimas que aún habitan en las haciendas.
Esta nueva alerta de desalojo se suma a los desalojos y demolición de campamentos ocurridos desde el año anterior, el último registrado en el mes de enero en otro campamento de la hacienda Vilma C y se ha convertido en una forma de operar de la empresa Furukawa para destruir evidencias sobre la vulneración de derechos humanos en la que mantienen a las y los trabajadores.
El desalojo de las familias, su desplazamiento forzado y la demolición de campamentos implicarían nuevas graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas, cometidas por el Estado Ecuatoriano, a través de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, así como la empresa Furukawa que sigue trabajando en impunidad y protegida por el gobierno nacional, indolente ante el empobrecimiento de estas familias.
Responsabilizamos al Presidente de la República, Lenin Moreno, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y a la empresa Furukawa sobre cualquier posible desalojo que se ejecute en los campamentos del kilómetro 33 de la vía Quevedo-Santo Domingo o en cualquier otro campamento de las familias que han vivido y trabajado en condiciones de servidumbre, forma de esclavitud moderna y de las consecuencias que esto genere.
Exigimos a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades tomar acciones ante esta nueva vulneración de derechos y garantizar la protección y la reparación integral de cientos de familias a las que les han negado la vida digna, el acceso a la justicia y la restitución de todos sus derechos.
Pedimos a las organizaciones sociales de derechos humanos nacionales e internacionales acompañar este proceso de defensa y dar seguimiento al caso, apoyando la vigilancia para que cesen las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las familias abacaleras.
Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más
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