El lunes 9 de marzo emitimos una alerta ante una ameanza de desalojo a las haciendas Vilma y Vilma C por parte de la Policía Nacional y miembros de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, que derivó en el otorgamiento de medidas cautelares a favor de las familias que aún viven en los campamentos de la empresa. Sin embargo, tras el levantamiento de información realizado por este Comité en terreno, emitimos una nueva alerta frente al riesgo que podría presentar los anuncios públicos de una organización denominada “Comisionado Internacional de Derechos Humanos” [CIDHU], radicada en la provincia de Imbabura, de ingresar al patrocinio de las víctimas de Furukawa.
Dicha organización llegó al lugar donde probablemente iba a ocurrir el desalojo, en el mismo momento en que el Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo llegó, como resultado de nuestra primera alerta. Esta organización, cuyas siglas generan confusión, anunció a las y los trabajadores y sus familias su intención de representarlas jurídicamente y, dos días más tarde, durante un evento masivo y a través de anuncios en medios locales refirió que, con el supuesto apoyo de la Defensoría del Pueblo, iniciarían la recepción de denuncias, durante los próximos 90 días, para presentarlas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]
Frente a esto, alertamos a la ciudadanía que, para poder acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado Ecuatoriano, es necesario que primero se agoten los recursos judiciales internos que haya a disposición, hecho que en el caso de las familias afectadas por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y el Estado Ecuatoriano no ha sucedido. Es más, la empresa está siendo investigada penalmente por la Fisalía General del Estado, a raíz del Informe elaborado por la Defensoría del Pueblo y, ha sido demandada junto con el Estado Ecuatoriano en una acción de protección, vía constitucional adecuada para la reparación integral de sus derechos.
También alertamos a la ciudadanía que la empresa, en una ocasión anterior, ya utilizó a otra organización de derechos humanos, con la intención de confundir a la sociedad sobre la situación de las y los abacaleros en Furukawa, al tratar de antagonizar entre sus pocos trabajadores contratados laboralmente y los cientos de familias que por décadas han vivido y trabajado dentro de sus haciendas en condiciones de esclavitud moderna.
Quienes conformamos el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, nos sumamos a la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, el 13 de marzo, donde descartó que estén trabajando en conjunto, e insistimos en alertar sobre el riesgo de confusión y engaño que podría darse por la posible actuación irregular de esta organización.
¡JUSTICIA Y REPARACIÓN!
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