En días pasados, el juez Carlos David Vera Cedeño, de la Unidad Judicial contra la Violencia de la Mujer, en la ciudad de Santo Domingo, inadmitió la acción de protección presentada el pasado 12 de diciembre de 2019 en contra de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y del Estado ecuatoriano. Denunciamos que esta decisión constituye una nueva violación a los derechos humanos de los trabajadores de la compañía en tanto dificulta el acceso a la Justicia y a la tutela judicial oportuna y efectiva.
La inadmisión de la acción constitucional se deriva de una errada interpretación de la norma, pues dicho juez manifiesta que el “se encuentra vedado de conocer acciones jurisdiccionales fuera de la competencia que en razón de territorio la Ley le otorga, es decir, fuera del lugar donde se origina el acto u omisión o donde se producen los efectos”. Además, refiere que la ubicación “escapa a la competencia que en razón de territorio posee este Juzgador, puesto que éste pertenece a la Provincia de Los Ríos, siendo este el lugar donde los accionantes desarrollan su trabajo sería también el lugar donde se originan presumiblemente los actos violatorios de derechos constitucionales, y por cuanto habitan en este mismo lugar es allí donde se producen sus efectos […]”.
Frente a esto, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), patrocinadora legitimada por las víctimas e integrante del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, apeló la referida decisión e insistimos en la jurisdicción en la que inicialmente interpusimos la acción de protección, es decir, en el domicilio principal de la empresa ubicado en la ciudad de Santo Domingo donde, por casi 57 años, se han tomado todas las decisiones que han originado la situación de servidumbre de la gleba que ha existido en los campamentos ubicados en las tres provincias donde se ubican sus haciendas: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. Forma de esclavitud moderna definida por la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de la cual el Estado ecuatoriano es signatario.
Como Comité de Solidaridad manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación precaria que atraviesan las víctimas, agravada por la poca efectividad de las instituciones ecuatorianas para garantizar la restitución de los derechos humanos vulnerados, la reparación integral así como la no repetición de estos hechos.
Adicionalmente, informamos que, durante la última semana, las y los trabajadores del de la hacienda Vilma C, ubicado en el kilómetro 33 de la vía a Quevedo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, denunciaron la demolición de otro campamento. Este hecho implicaría un nuevo desplazamiento forzado de las víctimas quienes, frente a la inacción deliberada del Estado ecuatoriano y la impunidad, continuaban habitando en sus tierras, cosechando y produciendo fibra de abacá para la empresa Furukawa.
Alertamos que este mismo campamento fue visitado por una delegación oficial de la Asamblea Nacional, integrada por un asesor del Presidente César Litardo y legisladores de la Comisión de Derechos Colectivos, a la cual se sumó el Defensor del Pueblo de Ecuador, otras entidades estatales del Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado, quienes verificaron que la situación de esclavitud moderna de los trabajadores y sus familias no se habían transformado meses después de haber hecho público el caso. Recordamos también que, según denunciaron los trabajadores y sus familias que habitan y trabajan en esa hacienda, el gerente y los abogados patrocinadores de Furukawa los transportaron fuera del campamento, a fin de que las autoridades no puedan escuchar sus denuncias y que ese día de la visita, tras haber sido transportados, fueron retenidos por varios minutos una vez que el vehículo que los llevaba coincidió con la caravana de automóviles oficiales. Igualmente, en esa circunstancia, constatamos cómo los abogados de la empresa fotografiaron a los legisladores y los amenazaron con interponer una denuncia en su contra por invasión a la propiedad privada, pese a que esta visita fue autorizada por la misma compañía.
Denunciamos que esta última demolición sucede en el contexto de una investigación penal originada en los hechos registrados en el informe de derechos humanos realizado por la Defensoría del Pueblo, en base a visitas de verificación propias y de la Mesa Interinstitucional, integrada, entre otras, por los Ministerios de Trabajo y de Gobierno. Asimismo, tanto la demolición como la inadmisión de la acción constitucional se dieron durante la visita en Ecuador del Grupo de Expertos de Trabajo sobre Afrodescendientes de la Organización de Naciones Unidas, cuyos integrantes emitieron importantes recomendaciones al Estado ecuatoriano, encaminadas a la reparación integral de las víctimas.[1]
Finalmente, instamos a la sociedad ecuatoriana a continuar acompañar el proceso de denuncia y de vigilancia de este caso. A la vez que le exigimos al Estado ecuatoriano garantizar el derecho de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y oportuna, la independencia de poderes y la reparación integral, en los términos en los cuales el Sistema de Naciones Unidas, a través de uno de sus mecanismos, lo ha recomendado recientemente.
Para más información y entrevistas comunicarse con:
Alejandra Yépez Jácome 0992713867 / Lourdes Silva García 0992532712
[1] Declaración de fin de misión disponible aquí: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25451&LangID=S
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